MANUAL DE CORRUPCIONES
Que no cunda el espanto por mucho que el espectáculo nos
resulte descarnadamente obsceno. Puede que la sociedad española esté
sometiéndose a una catarsis de la que saldrá una nueva más próspera, más justa,
más solidaria. O podría ser que cuando todo pase un manto de olvido caiga sobre
los ciudadanos y permita de nuevo a los políticos –pero no solo ellos, también
financieros, jueces, policías, abogados o periodistas- volver a meter la mano
tonta en las arcas públicas. De momento da la impresión de que los chorizos de
cuello blanco puede que se tienten dos veces la ropa antes de corromper o
corromperse, porque si de toda esta situación debe salir algo claro es mejorar
las cautelas y las salvaguardias en nuestra legislación para que sea más
difícil atropellar el erario público.
En noviembre de 2009, el entonces fiscal general del
Estado, Cándido Conde-Pumpido revelaba ante la comisión de Justicia del
Congreso que en ese tiempo se estaban tramitando 730 causas penales por
corrupción contra políticos de todos los partidos, aunque PSOE y PP acumulaban
la mayoría de las causas con un total de 464. El fiscal general admitía que
había de todo y en todos los partidos, pero advertía, para desterrar la desazón
o una cierta sensación apocalíptica, que si se tenía en cuenta que en España
había en torno a los 66.000 concejales y alcaldes más 17 asambleas legislativas
autonómicas y otros tantos gobiernos autonómicos la corrupción no alcanzaba ni
el uno por ciento de la llamada clase política.
